La traducción de los contratos de suministro

La traducción de los contratos de suministro

El contrato de suministro hace referencia a la modalidad de contrato relativa al régimen de contratación del sector público en España.

Es por ello que la redacción de estos documentos ha de estar sujeta a la regulación normativa del mismo, que queda recogida en la Ley 30/2007, sobre contratos del sector público.

En concreto, los contratos de suministro sirven para que el sector público normalice tanto sus adquisiciones como arrendamientos financieros y los arrendamientos, con o sin compra, de productos y bienes inmuebles. De igual manera la normativa incluye la eventual adquisición de una pluralidad de bienes de forma sucesiva y por precio unitario sin que la cuantía total se defina con exactitud al tiempo de celebrar el contrato.

Este texto legal también incluye la figura de la adquisición o arrendamiento de equipos de telecomunicaciones o para el tratamiento de la información, así como la cesión del derecho de uso de los programas informáticos. Sin embargo, no quedan incluidos el ámbito del contrato el desarrollo de programas informáticos a medida.  Por el contrario, sí queda incluida la figura del contrato de fabricación, por la que el contratista ha de elaborar un determinado producto según las instrucciones de la administración.

En lo que respecta a la traducción de los contratos de suministros, las administraciones públicas tienen en este proceso una poderosa herramienta a través de la cual facilitar la efectividad de tales operaciones. Así, la traducción se erige como el vehículo a partir del cual el Estado, las comunidades autónomas y los organismos municipales pueden hacer efectivos los contratos de suministro.

Asimismo, el hecho de acudir a un profesional o agencia especializada para traducir los contratos de suministro se corresponde con la tendencia que existe por parte de las administraciones a realizar acuerdos cada vez en mayor proporción con entidades privadas o corporaciones públicas provenientes de otros países.

En este sentido, las lenguas de origen de los mismos impiden que el castellano sea la lengua vehicular de los contratos, por lo que el proceso de traducción en estos casos se convierte en una actividad de obligado cumplimiento. No obstante, para que la realización de la misma sea eficaz se ha de contar con los mejores equipos de profesionales. De hecho, estos responsables de la traducción han de ser garantía de calidad, así como de trabajo concreto y profesional, adaptado a las exigencias del cliente.